HARRISBURG — Tres jueces de la Corte Suprema de Pensilvania se presentan a la reelección el 4 de noviembre, en unas elecciones que podrían sentar las bases para una reestructuración total del tribunal.
Los jueces Christine Donohue, Kevin Dougherty y David Wecht fueron elegidos como demócratas en 2015, y su partido ha mantenido la mayoría en el tribunal superior del estado desde entonces. Los republicanos están presionando a los habitantes de Pensilvania para que voten “no” a su reelección, lo que daría lugar a unas elecciones disputadas y partidistas en 2027.
El máximo tribunal de apelación del estado, controlado por una mayoría demócrata, ha tomado docenas de decisiones de gran repercusión durante la última década que han modificado el ámbito político y las políticas públicas. El impacto acumulado ha sido notable para los juristas, así como para los opositores políticos.
En 2019, el experto en derecho constitucional estatal Bruce Ledewitz declaró a Pennsylvania Capital-Star que, si bien el tribunal podía ser “activista”, también estaba “muy bien fundamentado en el texto y la historia de la Constitución de Pensilvania”.
Sin embargo, en un reciente artículo de opinión publicado en el Post-Gazette, se mostró más crítico y afirmó que, especialmente en cuestiones como la redistribución de distritos, las elecciones y el COVID-19, el tribunal “ha favorecido los intereses del Partido Demócrata”, aunque también añadió que “no es correcto decir que estos tres jueces sean puramente partidistas”.
Mientras tanto, el Colegio de Abogados de Pensilvania, que hace recomendaciones judiciales basadas en gran medida en la reputación de los jueces en la comunidad jurídica, ha dicho que los tres demócratas deberían ser reelegidos, clasificándolos como “justos”, “abiertos a considerar diferentes perspectivas” y “lógicos”.
Se espera que las elecciones a la Corte Suprema impliquen millones de dólares en gastos, cuyos primeros indicios han comenzado a aparecer en las computadoras y pantallas de televisión de los habitantes de Pensilvania durante el último mes.
Dos jueces de tribunales de apelación inferiores también se presentan a la reelección, ambos elegidos como demócratas. Los votantes decidirán si Alice Dubow, jueza en la Corte Superior y Michael Wojcik, juez en el Tribunal de la Commonwealth, deben tener otro mandato.
También hay elecciones partidistas y generales tanto para el Tribunal de la Commonwealth como para la Corte Superior.
Siga leyendo para conocer los antecedentes y las cualificaciones de los jueces de la Corte Suprema que se presentan a la reelección, qué fallos emitieron en los casos clave de la última década y su reputación entre compañeros.
Jueza Christine Donohue
Donohue, originaria del noreste de Pensilvania, asistió a la Universidad de East Stroudsburg, recibió la maestría en derecho de la Universidad de Duquesne en 1980 y desde entonces ha residido en el condado de Allegheny.
Trabajó durante décadas como abogada civil y litigante, entre otros para el bufete Buchanan Ingersoll & Rooney, con sede en Pittsburgh, y comenzó su carrera representando a víctimas en casos de lesiones personales antes de dedicarse a los litigios comerciales.
A partir de 2007, Donohue ejerció durante ocho años como jueza del Tribunal Superior de Pensilvania. La Corte Superior, uno de los dos tribunales de apelación intermedios del estado, se centra principalmente en casos penales, familiares y civiles que son apelados desde los tribunales de primera instancia de los condados.
Donohue también ha formado parte de diversos consejos profesionales jurídicos, entre ellos el Consejo de Conducta Judicial, que investiga las denuncias de conducta indebida contra los jueces, y el Consejo de Examinadores Jurídicos de Pensilvania, que evalúa a las personas que solicitan ingresar en el colegio de abogados del estado.
Desde su elección para la Corte Suprema estatal en 2015, Donohue ha sido la autora principal de varias decisiones de gran repercusión, incluida una en 2022 que confirmó la ley de votación por correo sin justificación de Pensilvania, la Ley 77. Un tribunal inferior había derogado la ley por considerarla inconstitucional, ya que se había promulgado mediante un estatuto en lugar de una enmienda.
“No encontramos ninguna restricción en nuestra Constitución a la capacidad de la Asamblea General para crear el voto por correo universal”, escribió.
También redactó la decisión de 2024 que exigía a un tribunal inferior que revisara un caso de nuevo, el cual era presentado por un grupo de proveedores de salud reproductiva, sobre si la constitución estatal protege el acceso al aborto.
Basó ese fallo, entre otras cosas, en lo que ella denominó “la conclusión obvia de que tratar a una mujer de manera diferente por una característica propia de su sexo es tratarla de manera diferente por su sexo, lo que activa la aplicación de nuestra Enmienda de Igualdad de Derechos”.
Aunque ese caso está pendiente ante el Tribunal de la Commonwealth, es probable que vuelva a la Corte Suprema.
En un foro celebrado en septiembre con los demás candidatos a la reelección, Donohue explicó su motivo para aspirar a un nuevo mandato: “Quiero asegurarme de que las semillas que hemos sembrado en términos de ampliar las protecciones que siempre han existido, pero que no han sido reconocidas, en virtud de la Constitución de Pensilvania, sigan siendo reconocidas por el tribunal en el que me siento”.
Si es reelegida, Donohue sólo podrá ejercer en el tribunal hasta 2027, cuando alcanzará la edad de jubilación obligatoria de 75 años.
En su última declaración de intereses económicos, Donohue informó de algo más de 3.200 dólares en reembolsos por gastos de avión, alojamiento y comidas relacionados con una reunión organizada por el Colegio de Abogados de Pensilvania a finales de enero.
Donohue ha sido recomendada para su renovación por el Colegio de Abogados de Pensilvania, que ha escrito sobre su fama de ser “una jurista minuciosa y bien preparada para los alegatos orales, que trata a los litigantes con respeto, es inteligente y justa, y se muestra atenta y comprometida durante los alegatos orales”.
Lea su cuestionario del Colegio de Abogados de Pensilvania aquí.
Juez Kevin Dougherty
Nacido en Filadelfia, Dougherty obtuvo una licenciatura en la Universidad de Temple y un título en derecho en la Facultad de Derecho de Antioch en Washington, D.C., donde se graduó en 1987.
Comenzó su carrera con un período de cinco años como fiscal adjunto en Filadelfia antes de abrir un bufete privado, Marino & Dougherty, en 1995. Allí pasó seis años trabajando principalmente en derecho de familia y defensa penal.
En 2001, el exgobernador republicano Tom Ridge nombró a Dougherty miembro del Tribunal de Primera Instancia de Filadelfia, y más tarde ganó las elecciones para mantener su cargo ese mismo año. Volvió a conservar el puesto en 2012.
Dougherty pasó la mayor parte de su mandato en el Tribunal de Primera Instancia en la División de Familia, que tiene jurisdicción sobre los casos relacionados con los derechos parentales, los procedimientos de adopción y la violencia doméstica. Fue nombrado juez administrativo de la división, donde se le encomendaron tareas como la asignación de jueces a los casos.
En su sitio web de campaña, Dougherty destaca que, tras su elección en 2015 para la Corte Suprema del estado, se interesó especialmente en la salud mental. Esto incluyó una “iniciativa estatal de salud conductual” que supuso la creación, el año pasado, de una Oficina de Salud Conductual dentro de los tribunales, y otro programa que creó salas de audiencias adaptadas a las personas con autismo.
La frustración por arbitrar disputas entre los poderes del estado ha aparecido a menudo en los escritos de Dougherty, incluso en una decisión concurrente de 2022 a favor de que el tribunal adoptará un mapa electoral debido al punto muerto entre el entonces gobernador Tom Wolf, demócrata, y la Asamblea General controlada por el Partido Republicano.
“Es una realidad desafortunada que, cuando los poderes legislativo y ejecutivo de nuestra Mancomunidad crean un vacío”, escribió, “no nos queda más remedio que intervenir una vez más para llenar ese vacío”.
En 2020, Dougherty se puso del lado de sus colegas demócratas sólo en parte cuando dictaminaron que la legislatura no tenía derecho a eliminar los poderes de emergencia pandémica de Wolf. Aunque Dougherty estuvo de acuerdo en que la resolución de la legislatura no era vinculante, argumentó que también ponía de manifiesto contradicciones constitucionales en la ley de respuesta a emergencias del estado. Por lo tanto, argumentó, toda la ley debería ser derogada por inconstitucional.
Tal conclusión, escribió Dougherty, pudo haber sido “una medicina fuerte” durante la pandemia, pero era legalmente necesaria.
La familia de Dougherty es muy conocida en la política de Filadelfia. Su hermano, John Dougherty, fue durante décadas el jefe del Local 98 de la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos y una fuerza singularmente poderosa en la ciudad. El año pasado, un juez federal condenó a John Dougherty a seis años de prisión tras ser declarado culpable de sobornar a un concejal y de malversación de fondos.
El hijo de Kevin Dougherty, Sean Dougherty, es miembro de la Cámara de Representantes del estado y representa al noreste de Filadelfia.
Dougherty fue recomendado para su permanencia en el cargo por el Colegio de Abogados de Pensilvania, que escribió que los abogados que trabajan con él “lo describen como atento, inteligente, bien preparado, abierto a considerar diferentes perspectivas y con un temperamento y un comportamiento respetuoso y profesional”.
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Juez David Wecht
Nacido en Maryland, Wecht se mudó a la zona de Pittsburgh cuando era niño. Más tarde asistió a la Universidad de Yale para cursar sus estudios de licenciatura y, posteriormente, a la Facultad de Derecho de Yale, donde se graduó con una maestría en derecho en 1987.
Wecht comenzó su carrera en Washington D.C., primero como secretario de un juez federal y luego ejerciendo en un bufete privado antes de regresar a Pittsburgh. En 1996 abrió el bufete Wecht Law Firm en la ciudad.
En 1998, Wecht fue elegido para desempeñar el cargo de registrador de testamentos y secretario del Tribunal de Huérfanos del condado de Allegheny. Durante su campaña para la Corte Suprema en 2015, declaró a LNP | Lancaster Online que este cargo avivó su interés por la carrera judicial, ya que disfrutaba juzgando impugnaciones de testamentos — en las que se cuestiona la validez de un testamento — y “aplicando las reglas de evidencia y las reglas de procedimiento civil”.
Wecht fue elegido para el Tribunal de Primera Instancia del condado de Allegheny en 2003. Durante su etapa en la magistratura, ejerció como juez administrativo en la División de Familia, asignando casos a otros jueces.
Fue elegido para el Tribunal Superior en 2011 y, posteriormente, se presentó a las elecciones y ganó un puesto en la Corte Suprema en 2015.
Wecht también ha impartido clases de derecho en varias universidades a lo largo de su carrera. Ha sido profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Duquesne desde 1997, instructor en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Pittsburgh desde 2010 y profesor visitante en la Facultad de Derecho Harry Radzyner de la Universidad Reichman de Israel desde 2022. También fue profesor en la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China Oriente en Shanghái de 2017 a 2020.
Según su declaración de intereses económicos, Wecht declaró 20.000 dólares en reembolsos el año pasado, la cifra más alta de todos los jueces de la Corte Suprema del estado que se presentaron a la reelección. La mayor parte de estos reembolsos se destinaron a cubrir los gastos de viaje y alojamiento relacionados con conferencias, aunque la cantidad más elevada, 7.000 dólares, correspondió a una asignación por gastos de docencia en la Universidad Reichman.
Entre las opiniones que Wecht ha redactado como juez de la Corte Suprema se encuentra la sentencia de 2020 que respalda los poderes del gobernador Tom Wolf en materia de pandemia, en la que argumentó que “la Constitución de Pensilvania no faculta al poder legislativo para actuar de forma unilateral y suspender” la ley estatal sobre catástrofes, en la que Wolf había basado su autoridad.
También redactó una decisión de 2019 que respaldaba una ley de Pittsburgh que permitía a la ciudad exigir a los empleadores privados que concedieran a los trabajadores bajas remuneradas por enfermedad, a pesar de las objeciones de los grupos empresariales. En el dictamen, Wecht escribió que dicha ordenanza estaba dentro de la “autoridad legal expresa de la ciudad para legislar en favor del control y la prevención de enfermedades”.
También fue autor de la decisión de 2017 que permitió a los distritos escolares pobres interponer una demanda contra la legislatura de Pensilvania por financiar de manera inconstitucional las escuelas públicas.
“Corresponde a los demandantes […] establecer la naturaleza del derecho a la educación”, escribió Wecht en nombre de la mayoría. “Pero los demandantes tienen derecho a la oportunidad de hacerlo”.
Los distritos escolares ganarían el caso seis años después.
Wecht fue recomendado para su permanencia por el Colegio de Abogados de Pensilvania, que escribió que “considera cuidadosamente los argumentos orales y desempeña sus funciones como juez con imparcialidad, equidad y respeto hacia todos”.
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