HARRISBURG — En noviembre, los votantes elegirán entre el gobernador demócrata Josh Shapiro y su rival republicana, la tesorera del estado Stacy Garrity.
Shapiro, de 53 años, espera que sus años de experiencia en el ejecutivo convenzan a los votantes de que merece un segundo mandato. Considerado también un posible candidato a la presidencia en 2028, Shapiro ha recaudado decenas de millones en contribuciones de campaña para reforzar su reelección, y las últimas encuestas le otorgan una ventaja abrumadora en la carrera electoral.
Garrity, de 62 años, también cuenta con un currículum que incluye años de liderazgo ejecutivo. Sin embargo, desde el principio no ha sido la preferida, incluso a ojos de su propio partido. Se ha alineado estrechamente con el presidente Donald Trump, y ha declarado a Spotlight PA: “¿Quién no quiere hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande?”. No obstante, también ha intentado suavizar ciertas posturas del movimiento MAGA, restando importancia a comentarios anteriores en los que cuestionaba los resultados electorales y afirmando que gestionaría los aranceles de forma diferente a como lo ha hecho Trump.
Los candidatos a gobernador de Pensilvania
El demócrata Josh Shapiro
Shapiro, natural del condado de Montgomery, ha dedicado la mayor parte de su carrera al servicio público, lo que incluye tres mandatos de dos años en la Asamblea General de Pensilvania y seis años como fiscal general del estado.
A lo largo de su primer mandato como gobernador, este demócrata ha dado prioridad al aumento de la financiación de la educación pública, a mejorar la eficiencia del gobierno, impulsar el sector agrícola del estado, y a fomentar el desarrollo económico y la creación de empleo.
A pesar de su disposición a llegar a acuerdos con los republicanos en cuestiones históricamente difíciles o complejas, le ha costado conseguir la aprobación de una legislatura estatal dividida para algunas de sus principales prioridades. Los republicanos, que controlan el Senado, han bloqueado el aumento del salario mínimo, la promulgación de leyes más estrictas sobre armas y la aprobación de medidas de protección contra la discriminación a las personas LGBTQ.
La legislatura también ha rechazado las reiteradas peticiones de Shapiro de generar nuevos ingresos, incluida la legalización de la marihuana recreativa y la creación de un nuevo marco regulatorio y fiscal para los juegos de habilidad.
Llegar a un compromiso con los legisladores republicanos sobre el presupuesto estatal también ha sido un proceso complicado durante los cuatro años que Shapiro lleva en el cargo, ya que los acuerdos presupuestarios se han cerrado después de la fecha límite del 30 de junio —y, en algunos años, esto ha supuesto graves dificultades para las organizaciones sin fines de lucro que dependen de la puntualidad de la financiación estatal.
Como consecuencia, Shapiro ha recurrido a órdenes ejecutivas durante su primer mandato para promulgar determinadas políticas sin la aprobación legislativa. En su primer día en el cargo, por ejemplo, el gobernador firmó una orden ejecutiva para eliminar el requisito de titulación universitaria de cuatro años en miles de puestos de trabajo de la administración estatal.
Desde entonces, también ha firmado órdenes ejecutivas para agilizar el proceso de obtención de licencias profesionales; elaborar un plan maestro para mejorar el acceso a los servicios para los adultos mayores de Pensilvania; y crear una nueva oficina encargada de rediseñar los sitios web estatales para que resulten más fáciles de usar.
Más allá de las órdenes ejecutivas, Shapiro ha utilizado sus poderes ejecutivos para poner en marcha parte de su programa, incluida la decisión de su administración en 2023 de implantar el registro automático de votantes.
Aun así, el gobernador demócrata ha logrado encontrar puntos en común con la legislatura en ciertas prioridades, concretamente, el aumento de la financiación en el presupuesto estatal para las escuelas públicas.
El gobernador ha convertido la oposición a Donald Trump en una piedra angular de su primer mandato, presumiendo, entre otras cosas, del número de veces que ha demandado al presidente y ha ganado. Muchas de esas demandas han impugnado la pérdida de financiación federal, mientras que otras se han centrado en las solicitudes de la administración Trump de datos personales de los residentes de Pensilvania.
La republicana Stacy Garrity
Garrity, procedente de la zona rural del condado de Bradford, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el sector privado. También es coronel retirada de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, con participación en tres despliegues. Garrity recibió dos Estrellas de Bronce y la condecoración de la Legión al Mérito por su servicio.
La primera incursión de Garrity en la política fue una candidatura infructuosa a la nominación del Partido Republicano para unas elecciones especiales al Congreso en 2019. Posteriormente, los dirigentes del partido le pidieron que se presentará a tesorera del estado y, en 2020, asumió el cargo tras sorpresivamente derrotar al demócrata titular por menos de un punto porcentual.
Desde aquella primera campaña, Garrity se ha presentado como una conservadora comprometida y una aliada leal de Donald Trump. Posteriormente, ganó con facilidad su campaña de reelección de 2024, obteniendo el mayor número de votos de todos los candidatos a nivel estatal (y superando el récord que había establecido anteriormente Shapiro).
Durante su mandato, Garrity ha sabido equilibrar prioridades no partidistas, como la reducción de las comisiones de los programas, con prioridades partidistas, como el apoyo al Gobierno Israelí.
Una de sus primeras prioridades fue conseguir que el programa 529 del Tesoro para el ahorro destinado a estudios universitarios y profesionales obtuviera la codiciada calificación de oro. La oficina lo logró: Pensilvania se convirtió en uno de los cinco únicos estados con planes 529 con calificación de oro. El Tesoro también eliminó el depósito mínimo para abrir una cuenta 529, redujo los importes mínimos de aportación y rebajó las comisiones.
Al igual que muchos tesoreros, Garrity también ha defendido la devolución de los bienes no reclamados a los ciudadanos de Pensilvania.
Desde el inicio de su primer mandato, Garrity fue miembro activo de la State Financial Officers Foundation, una organización nacional conservadora sin fines de lucro que colabora con tesoreros y otros funcionarios públicos. Entre sus prioridades figuran el apoyo al Gobierno Israelí y la oposición a las iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), estrategias de inversión cuyo objetivo es presionar a las empresas para que cambien su comportamiento.
Garrity persiguió ambas prioridades. Tras aumentar en 45 millones de dólares las inversiones del estado en los “Israel Bonds”, hizo campaña en una gala de esta organización. Declaró a Spotlight PA que las inversiones, realizadas tras los atentados del 7 de octubre de 2023, no eran más que una decisión financiera sensata.
En lo que es hasta ahora su campaña más importante, Garrity está apostando por un mensaje que presenta a Shapiro como alguien en quien no se puede confiar. También se está centrando en gran medida en las zonas rurales de Pensilvania, con promesas de agilizar la concesión de permisos a los agricultores y aumentar la producción de gas natural.
El libertario Ken Krawchuk
Krawchuk, afincado en Abington, la misma localidad en la que vive Shapiro, es el único candidato de un tercer partido a gobernador que figura en las papeletas de este noviembre.
Su página web de campaña lo describe como fundador de una empresa de consultoría informática y afirma que actualmente trabaja como “arquitecto empresarial para los mercados farmacéutico, de seguros y financiero”.
Se presenta, según escribió en Facebook, para ofrecer a los votantes de Pensilvania “algo más que las mismas dos opciones de siempre”. Se mostró algo sorprendido de que la campaña de Garrity no impugnara su inclusión en la papeleta en agosto, y escribió que “el silencio fue ensordecedor”, y que él y su compañero de fórmula “ahora figuran de forma sólida e irrevocable en la papeleta”.
Krawchuk afirma que está a favor de privatizar por completo las escuelas y eliminar los impuestos sobre la propiedad escolar; de suprimir el impuesto estatal sobre la renta personal a lo largo de un mandato; de eliminar el voto por correo y ampliar los requisitos de identificación de los votantes; de eliminar la libertad condicional para los “delincuentes violentos”; y de despenalizar las drogas.